Charla del embajador chino

Inteligencia Jurídica y Gobernanza

11 Jun Charla del embajador chino

A lo largo de la charla magistral a la que tuve el honor de acudir el 22 de febrero con motivo de la festividad de S. Raimundo de Peñafort, patrono de la Facultad de Derecho, hubo una serie de detalles a los que me gustaría hacer mención.

Es curioso como un embajador chino puede omitir una etapa de su historia tan relevante como el gobierno de Mao Zedong. Tras la Guerra Civil y con la llegada de la República en 1949, China promulgó leyes y estableció el Derecho “con características chinas”, según el mismo diplomático. Es bien sabido que Mao consideraba a los abogados y juristas parte la burguesía que debía ser reformada con el trabajo en el campo. Negaba el derecho positivo y rechazó durante años la creación de normas y de códigos, eliminando los existentes.

Probablemente lo más repetido fueran las palabras “Imperio de la ley”. Frente al Estado de Derecho, la promulgación de leyes fue considerada indispensable para la construcción de la sociedad. Criticó y achacó el Brexit y la ausencia de gobierno en España durante más de un año a la falta de leyes. Le recordaría el art. 50 del Tratado de Lisboa—Tratado que mencionó a la ligera—, que prevé la salida de la Unión Europea por el Estado que así lo decida, y siguiendo un procedimiento concreto. Asimismo, la CE también hace mención a la Legislatura y al Gobierno en funciones.

Su idea de “enjaular el poder en la ley” fue bastante contundente, denotó una admiración por el derecho positivo muy particular. Pero, frente a estas “características chinas”, se debe recordar que la ley, aunque necesaria, no es la base de la democracia. El positivismo jurídico acarrea numerosos peligros que son imposibles de describir en pocas líneas con el detalle que merecen. La ley no es fruto de la voluntad popular, puesto que no existe Parlamento y el gobierno es el PCC. Es por tanto de este último de quien deriva la cúspide del Derecho chino. El Excelentísimo Sr. habló no obstante del Estado de Derecho, una de cuyas bases es la división de poderes.

Con su descripción del sistema de tribunales y de la administración pública provocó confusión. Se observa de esta manera la falta de coordinación y de eficacia, y el principio de independencia judicial se ve vulnerado con la jerarquía y subordinación a la que se someten. Asimismo, no existe seguridad legal, puesto que la revisión de la sentencia–aunque no mencionada, supongo por precaución–es legítima. El non bis in ídem o la res iudicata son términos desconocidos en la República Popular china. Las más de 3 000 lecturas que se dan, según el ponente, al proyecto de sentencia, es la burocracia personalizada, y una burla al sistema jurídico y jurisdiccional.

Otro órgano digno de mención es el Ministerio Fiscal. En España (art. 124CE), aunque muchos lo desconozcan, no es parte de poder judicial, y es el encargado de velar por la independencia de juzgados y tribunales, satisfaciendo el interés público con la tutela de la ley y la defensa de la legalidad. En China, no obstante, el Ministerio Fiscal es parte del poder judicial, como repitió al menos en dos ocasiones.

Por último, la cifra proporcionada con orgullo: 11 000 casos resueltos en medio año, más un 10% (1 100) por el Defensor del Pueblo, elegido por la población para dirimir en los litigios entre los ciudadanos. En España, son aproximadamente 330 sentencias por juez anuales, con un total de 5 500 jueces. 1 815 000 casos.

“El gobierno decide si publicar o no información”. Algunos se sorprendieron al oírlo. En España se puede solicitar documentación de los archivos al poder público por motivos de transparencia, aunque la intimidad, la seguridad y la defensa estén especialmente protegidas y pueda ser denegada por estas razones. Ahora bien, no entiendo por qué el gobierno de la República Popular China decide hacer público el trabajo de los jueces, comparándolo así con la labor de otros Estados.

 

 

María Granados Machimbarrena

Investigadora del Instituto de Estudios Asiáticos Martín de Rada



Las ideas contenidas en los textos Rada son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del Instituto de Estudios Asiáticos Martín de Rada. El Instituto de Estudios Asiáticos Martín de Rada no tiene una posición institucional en los asuntos políticos. Este documento se hace público entendiendo que cualquier uso que se haga de él, tanto su autor como el Instituto serán citados debidamente, según la Referencia expresada al comienzo del documento.



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